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Guido Gómez somete jueces del TSE por prevaricación y concusión

guidojpegSANTO DOMINGO, República Dominicana.- Los magistrados Mariano Rodríguez y John Guiliani fueron sometidos por ante la Suprema Corte de Justicia, acusados de los delitos de prevaricación, concusión y faltas administrativas, establecidos en el código penal 166, 167 y 174, ordinal 80, 4, 84 y artículos 1, 2, 5, 7 y 10 de la ley 41/08 y 11 de la ley 379/81 sobre pensiones y jubilaciones

La querella fue interpuesta por el dirigente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Guido Gómez Mazara, quien se hizo representar por los abogados Domingo Rojas y  Ricardo Pérez para todo el proceso que, depositado por ante la procuraduría general, será conocido por la SCJ como resultado de la jurisdicción privilegiada que disfrutan los magistrados del Tribunal Superior Electoral.

Según las acusaciones hechas por Gómez Mazara, ambos magistrados recibieron dinero del fondo de pensiones y jubilaciones de la Junta Central Electoral (JCE), mientras recibían sus salarios ordinarios como jueces titulares del Tribunal Superior Electoral.
El fundamento del proceso contra los magistrados Rodríguez Rijo y Guiliani Valenzuela, tiene de base tanto las certificaciones del fondo de pensiones de la JCE como la certificación del departamento financiero del TSE, donde se establece que por espacio de 11 meses disfrutaron de ambos beneficios que, en un informe oficial de la Cámara de Cuentas, se establecía tanto la ilegalidad de la acción como la devolución obligatoria de los recursos tomados ilegalmente.
Gómez Mazara aseguró que resulta alarmante que los estamentos llamados a garantizar el fiel apego a la ley incurran en lamentables violaciones asociando su ejercicio institucional a excesos administrativos producto de pactos políticos y protecciones donde algunos magistrados se sienten en las condiciones de violentar el ordenamiento jurídico, y exigen al resto de la sociedad un apego a los cánones de la justicia.
Asimismo, indicó que las acciones legales de esta naturaleza contribuyen al proceso de restauración de la credibilidad de las instituciones y por lo que la ciudadanía debe hacer una significativa contribución para que los actores esenciales del proceso democrático no se crucen de brazos ante tantas violaciones, emanadas de las fuentes llamadas a garantizar que las leyes se cumplan.
Apeló a que la SCJ aplique correctamente la ley y las maniobras de orden “politiquera” no impidan que, “evidentes violaciones a la ley, sean derrotadas por el régimen de complicidades establecido en el país, y que tanto daño genera en el sistema democrático”.

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