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Nueva Ley de Expresión no tendría sentido si mantiene sanciones a periodistas

pelsioSANTO DOMINGO.- El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, el periodista Persio Maldonado, advirtió este viernes que no tendría sentido que los legisladores aprueben una nueva ley para regular el ejercicio del periodismo, en tanto se mantengan sanciones penales y económicas en contra de los comunicadores por la libre emisión de su pensamiento, como lo establece el proyecto de Ley de Expresión y Medios de Comunicación, que reposa en laCámara de Diputados.

“Yo me enteré de que ya los diputados han consensuado la mayoría de los artículos de ese proyecto de ley, que están dando los toques finales a ese proyecto y aunque no conozco cuáles son, estoy seguro de que esa ley no es verdad que va a resolver los temas del ejercicio del periodismos en la República Dominicana, ya que el poder político siempre estará al acecho de la misma”, expuso el comunicador.

Cuando se persiga una sanción por la comisión de un delito de prensa y se impute al periodista que firma la información, que se repute como injuriosa y difamatoria, en la misma debe incluirse la responsabilidad del director del medio de comunicación.

Maldonado subrayó que no tiene sentido crear esa nueva legislación, si en la misma no se suprime el aspecto de la penalización que contiene la Ley 6132, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, señalando que “gracias a Dios que en este país las leyes no se cumplen, porque de lo contrario, todos estaríamos presos”.

Señaló que en la propuesta de ley se quitó lo relativo a la prisión, pero se dejó la sanción económica, destacando que “entonces estamos en lo mismo, lo cual yo no entiendo y mi punto de vista es, que debemos tener una ley nueva, adecuada a nuestros tiempos y que no entre en contradicción con las leyes adjetivas”.

Asimismo, refirió que lo relativo a la penalización, lo cual definió como un “tormento”, se dieron los pasos para extirparlo del proyecto de ley, pero que quienes se oponen a ese cambio, recurrieron ante el Tribunal Constitucional, por lo que, si esa alta corte acoge el recurso, “la cosa seguirá igual”.

“Si en verdad queremos una verdadera libertad de expresión, tenemos que tomar como ejemplo las mejores experiencias de los países avanzados en este tipo de legislación”, planteó el director del periódico El Nuevo Diario.

La aprobación es un hecho

En tanto que el diputado Elpidio Báez, auspiciador del proyecto, explicó que el proceso de discusión para la aprobación de la pieza está bien encaminado, y lo que se debate es, precisamente, el régimen de sanciones para los delitos de prensa.

El tema, según dijo Báez, ha producido una especie de tranque, ya que unos opinan que debe ser de prisión y otros sostienen la sanción civil.

Elpidio Báez
Elpidio Báez

Conforme con su explicación, la piedra de la discordia la constituye el artículo que tiene que ver con la “responsabilidad en cascada”, o sea, que la penalización recae primero sobre el director del medio y luego al comunicador que propagó el acto difamatorio.

No obstante, Báez aclaró que la mayoría de los miembros de la comisión  que estudia el proyecto está de acuerdo con que no debe establecerse pena de prisión por el delito de difamación e injuria, pero sí una sanción civil “solidaria” de igual magnitud para el periodista y el director del medio.

Agrega que cuando se persiga una sanción por la comisión de un delito de prensa y se impute al periodista que firma la información, que se repute como injuriosa y difamatoria, en la misma debe incluirse la responsabilidad del director del medio de comunicación.

“En la semana que recién concluye aprobamos 40 artículos y ya sólo nos falta consensuar 13 artículos, lo que aspiramos es que se resuelva el próximo lunes, pero podemos adelantar que en los actuales momentos los debates están centrados en definir con claridad la tipificación y la competencia de los tribunales, que antes era un Juzgado de Paz y que proponemos que ahora sea un Juzgado de Primera Instancia”.

Caso de la radio y medios digitales

Otro aspecto que dijo ha dilatado la aprobación del proyecto es la inclusión en la nueva ley de los medios electrónicos, ya que en el caso de la radio, por ejemplo, no se debe perseguir a los locutores o presentadores de noticias por tan solo leerlas, ya que ellos no son los responsables del escrito.

De igual modo, explicó que otro aspecto que falta por consensuar, es el que tiene que ver con la naturaleza de los medios, indicando que en el caso de la radio y los medios digitales, la persona a la que se le impute un hecho difamatorio podría iniciar la acción judicial en el lugar donde reciba la información, que pueda ser una provincia o el exterior del país, y no en el lugar donde se procesó la misma.

“Se trata de un trabajo arduo, porque estamos actualizando y adecuando a los  nuevos tiempos una antigua legislación  francesa, para equipararla y ponerla a tono con la Constitución del 2010, que ya reconoce el derecho de conciencia como un derecho constitucional y de igual modo, lograr que esos cambios estén acordes con los códigos Procesal Penal y el Penal, de manera que no se produzcan duplicidades a la hora de abordar esas infracciones”, indicó.

Báez argumentó, además, que la tardanza en el conocimiento del proyecto se produjo porque se estaba a la espera del fallo del Tribunal Constitucional, que está apoderado de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el abogado Namphi Rodríguez, en el que cuestiona varios artículos del proyecto.

No obstante a eso, manifestó que tan pronto esa comisión termine con su labor, el siguiente paso será rendir su informe favorable a la Comisión Permanente, la que a su vez sometería la pieza a consideración del pleno de la Cámara, lo que aspira se produzca antes de que concluya la presente legislatura el 13 de enero del año próximo.

La subcomisión que está valorando y consensuando el proyecto la integran, además de Báez, Nelson Guillen, presidente de la misma; Aquiles Ledesma, Nelson Arroyo y Carlos Gabriel García.

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