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OPINIÓN: Las Elecciones Extraordinarias. ¿Cómo abordar los escollos de su base Constitucional?

LA VERDAD Y PUNTO

Por Dr. Carlos Julio Feliz Vidal

Las Elecciones Extraordinarias. Cómo abordar los escollos de su base Constitucional.?

El país acaba de vivir un episodio inusual, la suspensión de unas elecciones generales a nivel municipal, que de no manejarse con la suficiente madurez política, podría tener consecuencias funestas para la democracia.

Las asambleas electorales fueron debidamente convocadas en la fecha prevista en la Constitución. De hecho, en muchos municipios del país se emitieron una considerable cantidad de votos.

Algunos partidos políticos han señalado que venían ganando en determinadas demarcaciones electorales, lo que implica que las urnas se abrieron y se procedió a un escrutinio irregular.

Creo que la Junta Central Electoral no “suspendió” sino que canceló las elecciones.

La suspensión no sólo posterga la fecha, con ella se mantienen las “cosas” al nivel que llegaron, para ser reanudadas en la nueva convocatoria. Eso implicaría que los electores que sufragaron no podrían volver a votar, que esos votos deberían ser protegidos, y que serían sometidos a escrutinio cuando concluyera el proceso; es como en un juego de pelota que se suspende, ni se borran las carreras anotadas ni los ining jugados, el juego se reanuda dónde quedó y se completa.

Tampoco se puede hablar de nulidad de las elecciones, porque no hubo decisión contenciosa, sino administrativa.

Como nadie puede asegurar los votos emtidos, como esos votos se contaron de manera irregular, ha de entenderse que no hubo suspensión, sino cancelación no anticipada del proceso electoral, y, por lo tanto, no habrá reanudación de las elecciones, sino una convocatoria extraordinaria de las asambleas electorales para una fecha que no está prevista en la Constitución.

La Constitución prevé que se pueda convocar a las Asambleas Electorales de manera extraordinaria. En este supuesto, el Art. 209.3 señala que debe haber una Ley de Convocatoria, y que las Asambleas deberán reunirse a más tardar dentro de los sesenta días de publicada la Ley.

Este plazo dificulta la legalidad de las nuevas elecciones municipales, si se toma en cuenta que el artículo 274, párrafo I, de la Constitución dispone que las autoridades municipales electas el tercer domingo de febrero, tomarán posesión de sus cargos, el 24 de abril del mismo año.

Ya sabemos que no hubo elecciones el 3er domnigo de febrero, y muchos podrían decir que queda dispensada la obligación Constitucional de poner en posesión el 24 de abril a las nuevas autoridades municipales.

Otros dirían que la Junta Central Electoral podría, en ausencia de una Ley, convocar por si las nuevas elecciones, atendiendo al Poder Reglamentario del que está investida.

En unas elecciones extraordinarias se deben observar los lineamientos básicos del Constituyente. 1. Aprobar una Ley de convocatoria de elecciones, que corresponde al Poder Ejectutivo. 2. Promulgar y Publicar la Ley de Convocatoria, que corresponde al Poder Ejecutivo. 3. Convocar a una fecha determinada, dentro de los sesenta días de aprobada la Ley, que corresponde a la Junta Central Electoral.

Si no hay consenso de la clase política podría haber dificultades para agotar el proceso antes del 24 de abril del 2020, máxime, cuando debe haber un plazo entre la fecha de las elecciones y la proclamación de los candidatos, para dirimir los aspectos contenciosos del proceso electoral. También debe tomarse en cuenta que la Legislatura se abre el 27 de febrero.

Si ha de cumplirse con los imperativos Constitucionales no se puede perder tiempo, aunque ello implique que el Poder Ejecutivo, convoque a la “Legislatura” de manera extraordinaria y con carácter de urgencia, antes del 27 de febrero.

Ya el país ha tenido experiencias previas de “crisis electorales” que se resolvieron en tiempo record, siguiendo el cánon Constitucional. En 1994, se aprobó una Ley de Reforma Constitucional, se reformó la Constitución, se adelantó la fecha de las elecciones presidenciales y se le recortó el periodo presidencial al Presidente Balaguer.

Cuándo los políticos lo quieren, los entuertos de la democracia se salvan

La clase política dominicana, vigente en la actualidad, debe dar una muestra de sensatez que facilite la salida a la crisis actual, aunque ello conlleve, de ser necesario, a una Reforma Constitucional, una carta que también está disponible para salvaguardar la situación creada con el artículo 274, párrafo I, de la Constitución, y de paso unificar los distintos niveles de elecciones.

El país tiene derecho a que su democracia se mantega estable, a que los fantasmas de la inseguridad no agobien el discurrir de su desarrollo. Los políticos están llamados a deponer actitudes y a trabajar en armonía, para evitar que tras este descalabro institucional se arrastre a la Nación.

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