Comisión evaluar la situación sobre la venta de los terrenos en los Tres Brazos presentó este martes un informe al presidente de la República Danilo Medina en el que recomienda la anulación de los contratos.
El informe tiene tres partes, la primera es la relatoría del caso, tanto en su dimensión legal como técnica (catastral); la segunda son las conclusiones y la tercera las conclusiones hechas al mandatario.
La comitiva, integrada por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, quien la preside; José Dantés, director de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado y Lidio Cadet, director de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), tenía fecha pautada para entregar el informe el sábado pasado, pero lo terminó el viernes.
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo explicó en una rueda de prensa que el informe, de 41 páginas, será colocado en varias instituciones gubernamentales, principalmente en las que encabezan los miembros de esta comisión.
Espinal, quien preside la comisión, dijo que esta que realizó un análisis legal de toda la documentación que tenía que ver con el caso, entrevistas y reuniones con las representantes de las dos empresas envueltas Infelpa y Titulatec, y con representantes de varias organizaciones comunitarias de Los Tres Brazos.
Conclusiones y recomendaciones
1-La Comisión entiende que la operación de la venta de los terrenos en Los Tres Brazos es cuestionable en su esencia misma y que nunca debió realizarse bajo los términos en que se hizo.
2-La operación se llevó a cabo en violación a la Constitución, la ley de reforma de la empresa pública y la ley de función pública.
3-El procedimiento interno de toma de decisiones en Corde para la aprobación de la venta fue precario e irregular.
4-El esquema comercial fue altamente perjudicial para el Estado dominicano, el interés público fue lesionado por el interés privado.
5-A un costo muy bajo, Infelpa y Titulatec establecieron un negocio con proyecciones de guanacias exorbitantes.
6-Los trabajos de deslinde y subdivisión realizados por los agrimensores de Corde están afectados de errores y graves discrepancias entre la ocupación real y los derechos posteriormente registrados, que deben ser corregidos.
7- El Estado no debe reconocer las ventas y debe demandar la nulidad de los mismos.
8-El Estado debe garantizar los derechos a los adquirientes de buena fe al igual que las entidades financieras que han financiado una parte de las compras.
9-de sus terrenos a título gratuito o a título de negocio, según la condición socioeconómica de cada quien.
