Nota de prensa enviada
Por Leonardo Plata.-
BARAHONA.- El presidente del colegio de abogados de esta seccionar, Licenciado Milciades Féliz Encarnación, calificó como criminal y trujillista, las torturas y los abusos a que está siendo sometido las personas que están detenidas en la cárcel pública de Barahona.
Milcíades Encarnación, expresó que como es posible que en estos tiempos, donde supuestamente esta práctica funesta, abusiva y denigrante se esté llevando a cabo en la policía nacional.
Dijo que en la cárcel pública de Barahona, funciona también la dirección regional sur de la policía nacional, donde los miembros de esa institución, tienen todo el acceso a las cerdas de los internos, por lo que con suma facilidad pueden sacar los presos para torturarlos y querer sacarles informaciones, o para que se echen la culpa de las acusaciones que se les hacen.
El representante de la clase abogadil, agregó que la policía todavía mantiene en su metodología, las torturas a personas, pero que esta acción no se puede se permitir en estos tiempos de respeto a los derechos humanos, a la dignidad de las personas consagrada en la constitución de la república y en los pactos internacionales.
Expresó que lamenta la indiferencia y la apatía del ministerio público, en este caso la fiscalía de Barahona, de no investigar y someter a los responsables de estos actos de barbarie y cabernarios.
Llamó a al ministerio público, a que asuman su rol, ya que es la única facultada por la constitución y la ley como jefe de la investigación de la política criminal del estado y como la representante de la sociedad en la justicia.
El gremialista, emplazó al fiscal de este distrito judicial de Barahona, magistrado Yván Ariel Gómez Rubio, a que investigue los casos de torturas policiales, porque nadie está por encima de la ley, ni policías, ni militares sin importar el rango, ni jueces y fiscales.
Encarnación, advirtió al procurador fiscal Gómez Rubio, a que si no se somete a la justicia, a esos agentes criminales, abusadores, entonces para que sirve la fiscalía de Barahona, si no garantiza los derechos fundamentales de los procesados.