El expresidente de la República, Leonel Fernández, reiteró su opinión de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se excedió en sus atribuciones, al pretender imponerle al Estado dominicano obligaciones que no están contempladas en el Derecho Internacional.
El exjefe de Estado opinó que la República Dominicana no está obligada a acatar la referida sentencia, ya que, de hacerlo, estaría renunciando a su condición de nación soberana y afirmó que cuando el país suscribió la Convención de Derechos Humanos, lo hizo de buena fe, pero nunca pensó que la Corte iba a tratar de obligarla a modificar su Constitución y sus leyes para adaptarse a una de sus decisiones.
“La Corte ha actuado con irrespeto al Estado dominicano”, declaró el exmandatario, tras afirmar que el país no está obligado a acogerse a lo que definió como “un adefesio jurídico”.
Fernández, quien además es presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), hizo el planteamiento al fungir como moderador en el panel inaugural del primer seminario sobre “Derechos humanos, nacionalidad y soberanía”, acto que se llevó a cabo en el auditorio de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, de la Plaza de la Cultura, en esta capital, y que contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño.
El seminario es organizado por Funglode, en coordinación con el Instituto Global de Altos Estudios (IGLOBAL) y el Observatorio Político Dominicano (OPD), con el objetivo de contribuir al debate que se ha suscitado en el país a raíz de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ordena a la República Dominicana modificar su Constitución para otorgarle la nacionalidad a todos los que hayan nacido en territorio dominicano.
En su intervención, el exmandatario recordó que en uno de sus más recientes viajes a Europa le había pedido a la Universidad de Alcalá que enviara juristas a la República Dominicana para ayudar a aclarar todo lo concerniente a la referida sentencia, compromiso que se cumple con el evento iniciado la noche de este miércoles. “No podemos renunciar a nuestro derecho soberano a establecer quién es dominicano”, recalcó Fernández.
En su intervención, el jurista Viña Farre afirmó que ningún organismo de derechos humanos puede imponerle a un Estado soberano la obligación de concederles la nacionalidad a personas que residan en su territorio de manera ilegal.
Sostuvo que es imposible que un organismo de derechos humanos de Europa emita una decisión similar a la de la Corte Interamericana. Insistió en que la nacionalidad es competencia exclusiva de los Estados.
De su lado, Sánchez Lorenzo afirmó que la referida sentencia no solo es contraria a la Constitución de la República Dominicana, sino también al propio Derecho Internacional.
Opinó que si en Europa se produce una sentencia similar, habría que modificar la constitución de los 28 Estados que conforman la Unión Europea, 23 de los cuales no reconocen el jus solis ni a residentes legales ni ilegales.
