POR FELIX BETANCES
La Constitución y las Leyes en los países organizados, definen el rumbo y el comportamiento que deben tener sus ciudadanos, ya que establecen el régimen de derechos que a estos les asiste, pero también definen los límites hasta a donde les es permitido llegar.
Para que esto pueda funcionar, hay que conjugar necesariamente las mejores voluntades, ejercidas mediante un sistema de aplicación y cumplimiento de los compromisos que asignan y exigen los Cargos públicos y en casos como el nuestro, tiene que primar la homogeneidad y la sincronización entre las instituciones del Estado.
En cambio, cuando las instituciones caen en crisis, entonces esto se constituye en un inminente y amenazador peligro para la sociedad en general.
A juzgar por las cosas que se ven a simple vista en nuestro País, el futuro, no se muestra muy halagador, a no ser que las autoridades que componen los estamentos del Estado, tomen con seriedad el manejo de los asuntos públicos en general.
En nuestro país, según lo define la Constitución, contamos con una forma de Gobierno “democrático y representativo”, que es el producto de un sistema electoral, donde el pueblo debe elegir en elecciones libres, a las autoridades que lo habrán de representar por períodos de cuatro años.
El gobierno dominicano se ejerce a través de tres poderes que son el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, esos tres poderes, deberían ser independientes, es decir que deberían actuar con plena independencia entre ellos, cosa que nunca ha sido posible realizarse, en la historia de la República Dominicana.
Hoy en consecuencia, vemos con mucha preocupación, como se desmejoran los poderes públicos, en un ejercicio que deja boquiabiertos a los que no esperaban seguir viendo estas cosas en pleno Siglo XXI.
Por ejemplo: Un Poder Legislativo que solo se limita a levantar las manos para aprobar hasta sin leer, todo lo que emana del Poder Ejecutivo, en franca demostración de dependencia y ausencia de personalidad propia y cuando se trata de proyectos introducidos por otra vía, los trabajan en una forma tan insatisfactoria, que permiten al Ejecutivo rechazarlo en forma tajante, si no es de su conveniencia: esto es sin contar con los fuertes cuestionamientos que sobre ellos pende a través de los tiempos.
Por otro lado, se observan las debilidades del Poder Ejecutivo, donde más del 80 por ciento de los servidores públicos, a más de tres años de gestión, se han negado rotundamente a presentar sus Declaraciones Juradas de bienes, en franca violación a la Constitución y las Leyes, sin que la Procuraduría General del Estado, haya exigido su cumplimiento: pero donde el Presidente de la República, tampoco lo ha exigido ni ha tomado las medidas pertinentes, ante tal violación, que es la separación de sus respectivos cargos, entre otras cosas.
Y en tercer lugar, los serios cuestionamientos en que se ha visto envuelto el Poder Judicial, con los escándalos más bochornosos en toda su historia, donde predomina un ambiente según lo han descrito algunos, como “asqueroso y putrefacto”, llegando al colmo del cuestionamiento a varias figuras señeras de ese Estamento .
El País, se siente altamente temeroso y amenazado ya que todo parece indicar que vamos como un Barco a la deriva.
¿En quién creer?.
